Si tu institución lleva meses sabiendo que tiene que cumplir con la EAA y todavía no ha hecho nada, no eres la excepción. Eres la norma.
El 95,9% de las páginas web del mundo tiene errores de accesibilidad detectables. No el 30%. No la mitad. El 95,9%. Y España está por encima de esa media.
Puedes seguir esperando. Pero desde el 28 de febrero de 2026, ya hay alguien cuyo trabajo es encontrarte.
La Ley 11/2023, que transpone la Directiva europea de Accesibilidad, entró en aplicación para empresas y organismos el 28 de junio de 2025. Pero durante los primeros ocho meses, España tenía normativa sin estructura real de control. El organismo supervisor, la UTAC, no existió hasta el Real Decreto 143/2026, publicado en el BOE el 27 de febrero de 2026.
Tiempo suficiente para que muchas organizaciones tomaran una decisión implícita: esperar.
Sergio Luján Mora, investigador de la Universidad de Alicante y una de las referencias en accesibilidad web en España, lo describió con precisión cuando se publicó el decreto: es el inicio del escenario real de supervisión, control y sanciones. No una advertencia futura. El inicio.
El dato más honesto del año viene del WebAIM Million 2026, el informe anual que analiza el millón de páginas web más visitadas del mundo, publicado en marzo de 2026. El resultado es incómodo: el 95,9% de esas páginas tiene errores de accesibilidad detectables de forma automática. Peor que el año anterior, revirtiendo seis años de mejora gradual. La causa: el aumento de frameworks y librerías de terceros que generan errores sin que nadie los controle.
En España, la situación es todavía más clara. Los dominios .es registran una media de 57 errores por página, frente a los 56,1 de media global. Los dominios gubernamentales europeos, sometidos a normativa desde 2018, bajan a 18,5. La brecha entre quien lleva años obligado a cumplir y quien acaba de entrar en scope lo dice todo.
El sector con peor rendimiento de todo el informe es el comercio electrónico: 71 errores de media por página. Exactamente el sector al que la EAA apunta con más fuerza en el ámbito privado.
No es ignorancia. Conviene decirlo antes de cualquier otra cosa.
Los responsables TIC de ayuntamientos y diputaciones saben perfectamente que tienen que cumplir. El problema es otro: diez proyectos prioritarios en paralelo, un equipo que no da abasto, proveedores que actualizaron el CMS sin avisar y metieron plugins que rompieron la navegación por teclado, y una deuda técnica acumulada durante años sin que nadie haya tenido tiempo ni presupuesto para abordarla en serio.
La accesibilidad también tiene un problema de visibilidad. Un fallo de seguridad genera un incidente. Un problema de rendimiento hace que la web vaya lenta. Un error de accesibilidad puede existir durante años sin que nadie lo detecte, porque las personas que lo sufren no siempre tienen un canal directo para reportarlo y porque no aparece en las métricas habituales de ningún equipo técnico.
Y hay un factor que vemos con mucha frecuencia: el cambio de proveedor. Una migración, un tema nuevo, una actualización mayor del CMS. Cada uno de esos momentos puede introducir errores nuevos. El proveedor entregó. La web funciona. Nadie comprobó si sigue siendo accesible.
Las sanciones de la Ley 11/2023 son concretas:
Infracciones leves: hasta 10.000 euros. Infracciones graves: hasta 100.000 euros. Infracciones muy graves: hasta 1.000.000 euros. Sin período de advertencia obligatorio para todos los casos.
Pero para una institución pública, el argumento más directo no son las sanciones económicas. Es la licitación.
El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público incorpora criterios de accesibilidad. Una organización que exige accesibilidad a sus proveedores en los pliegos tiene que poder demostrar que ella misma cumple. La coherencia legal aquí no es opcional.
El eGovernment Benchmark 2025, elaborado por Capgemini para la Comisión Europea, muestra que el 48% de las webs de administraciones públicas europeas ya cumple criterios básicos de accesibilidad. El 52% restante no. La UTAC va a ir encontrando a ese 52%.
Cuando el Ajuntament de Barcelona nos encargó migrar sus webs de emergencias a Drupal 10 con accesibilidad WCAG 2.2 completa, el reto no era solo técnico. Era hacerlo sin interrumpir el servicio a más de 1,6 millones de ciudadanos que dependen de esas webs para acceder a servicios de emergencia.
Lo que ese proyecto nos confirmó: la accesibilidad no se añade al final. Se diseña desde el principio o se paga dos veces. Cada componente construido con accesibilidad integrada es un componente que no hay que revisar después. Esa es la diferencia entre un proyecto que escala y uno que genera deuda técnica indefinida.
La EAA no es una amenaza futura. Ya hay un organismo cuyo trabajo es encontrarte. La pregunta no es si tu web tiene errores. La pregunta es si los vas a corregir tú antes o los van a encontrar ellos después.